La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene en curso una investigación por un presunto megafraude que afecta al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tras detectarse demandas laborales que obligarían al instituto a pagar más de 1,230 millones de pesos en indemnizaciones a exagentes de las extintas Policía Federal y Secretaría de Seguridad Pública Federal. A pesar de que estos exfuncionarios contaban con Administradora de Fondos para el Retiro (Afore) y no tenían derecho a pensión por jubilación, presentaron demandas que fueron resueltas favorablemente por la Junta Especial 42 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) en Torreón, Coahuila, lo que ha encendido las alarmas entre las autoridades federales.
El foco de la investigación está en seis laudos presuntamente ilegales que ordenaron al ISSSTE el pago de la suma millonaria a un total de 880 exservidores públicos, bajo el concepto de indemnización global. Según las denuncias, la prestación en cuestión, equivalente a 45 días del último sueldo básico, estaba prevista únicamente para quienes no tenían derecho a pensión por jubilación conforme a la ley anterior. Sin embargo, con la entrada en vigor de la nueva Ley del ISSSTE en abril de 2007, este beneficio fue eliminado, por lo que las reclamaciones resultan improcedentes para quienes ingresaron o permanecieron en el servicio público bajo el nuevo régimen y ya tenían Afore.
Las indagatorias oficiales revelan que, a pesar de la derogación de la prestación, los exagentes federales promovieron sus demandas en 2021 amparándose en la antigua ley, aunque estaban sujetos a la legislación vigente. Las demandas presentaron diversas irregularidades, como la omisión de la fecha exacta de ingreso a la fuente de trabajo, lo que impide determinar la antigüedad real de los demandantes. Además, se cuestiona la competencia territorial de la Junta Especial de Torreón para tramitar los juicios, ya que las demandas provenían de distintos estados del país, lo que debió llevar a su desechamiento conforme a la normativa laboral.
Otra anomalía señalada es que la Junta Especial aceptó las demandas sin que se precisara el salario base de los exfuncionarios, omitiendo el procedimiento que exige señalar este defecto y conceder un plazo de tres días para subsanarlo. Pese a estos errores de origen, los expedientes fueron radicados y dictaminados por Aarón David Carrillo Ochoa y Edgar Ubaldo Ruiz Castillo, secretario de acuerdos y auxiliar de la Junta Especial 42, respectivamente. El laudo más significativo alcanzó los 950 millones de pesos y benefició a 678 de los exfuncionarios, lo que representa una de las condenas laborales más altas en la historia reciente del ISSSTE.
La detección de estas irregularidades llevó a la JFCA a frenar la ejecución y el cobro de los laudos, evitando que los pagos millonarios se concretaran. Ante la gravedad del caso, el pasado 17 de junio de 2024, la Secretaría del Trabajo ordenó la desaparición de la Junta Especial Número 42. La FGR continúa con las investigaciones para deslindar responsabilidades y determinar si existió colusión entre exfuncionarios, abogados y servidores públicos de la Junta, en lo que podría convertirse en uno de los fraudes más grandes al sistema de pensiones del ISSSTE en las últimas décadas.
