Un reciente fallo de un tribunal de apelaciones en el Reino Unido ha llevado a la luz las prácticas cuestionables del empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego en el contexto de un litigio en curso. Las autoridades judiciales determinaron que Salinas había incurrido en un grave abuso del proceso judicial al utilizar grabaciones obtenidas de manera encubierta por la firma de inteligencia Black Cube, con el objetivo de conseguir información de un abogado que representaba a la parte opuesta en una disputa legal. Este caso ha suscitado una importante controversia sobre la ética en los procedimientos legales y el uso de tácticas de espionaje en el ámbito empresarial.
La corte ha decidido revocar las órdenes de congelamiento de activos que se habían impuesto sobre el empresario Vladimir Sklarov, el oponente de Salinas en el litigio. Según el informe de Michael O’Boyle en Bloomberg, los documentos judiciales revelan que en el año 2024, una entidad asociada a Salinas contrató a Black Cube, oficialmente conocida como B.C. Strategy UK Limited, por un monto de 1.14 millones de libras esterlinas, lo que equivale a aproximadamente 1.5 millones de dólares. Esta firma, que emplea a exoficiales de inteligencia de Israel, diseñó una estrategia que implicaba la creación de un cliente ficticio con el fin de engañar al abogado del lado contrario, haciéndole creer que su trabajo era requerido en un arbitraje multimillonario que imitaba la disputa real.
El plan incluyó la realización de tres reuniones, de las cuales una fue virtual y las otras dos se llevaron a cabo en el extranjero, en un ambiente que incluía comidas y bebidas alcohólicas. Durante estas interacciones, un agente de Black Cube consiguió obtener información relevante sobre la estrategia legal del equipo de Sklarov, mientras grababa secretamente las conversaciones. El tribunal no dudó en condenar estas tácticas, con el juez Lord Justice Males calificando la operación como una “búsqueda de privilegios” que carece de cabida en el sistema judicial británico.
El magistrado hizo hincapié en que obtener información privilegiada a través de sobornos y engaños constituye una forma de corrupción, lo que podría ser considerado un delito de fraude y una afrenta a los principios de justicia. Esta controversia ha generado fricciones dentro del equipo legal de Salinas en el Reino Unido, ya que su primer despacho, Enyo Law, se rehusó a considerar las grabaciones y posteriormente decidió cesar su representación. En contraste, el bufete LK Law utilizó las grabaciones para solicitar un fallo sumario, lo que llevó a la defensa de Sklarov a pedir el desestimiento de la demanda en su totalidad.
A pesar de las serias irregularidades denunciadas, el tribunal determinó que desestimar por completo la demanda sería una respuesta desproporcionada. Se subrayó la existencia de un interés público en esclarecer las acusaciones formuladas, lo que implica que el litigio entre Salinas y Sklarov proseguirá hasta llegar a juicio. Esta disputa se origina de un acuerdo establecido en 2021, en el cual Salinas dejó acciones de Grupo Elektra, valoradas en 415 millones de dólares, como garantía de un préstamo de 115 millones de dólares que le fue concedido por Astor Asset Management. Salinas alega que Sklarov vendió esas acciones de manera indebida, reteniendo aproximadamente 271 millones de dólares en exceso, mientras que Sklarov se encuentra actualmente en una prisión federal de Nueva York enfrentando cargos de fraude.
